Los acontecimientos de los últimos días sobre la intención del Gobierno de introducir soterradamente el cierre de páginas web sin control judicial en la Ley de Economía Sostenible han demostrado que la legendaria pasividad de la sociedad española (virtual, en el caso que nos ocupa) tiene un límite. Gracias a la respuesta masiva de los internautas, el Presidente del Gobierno se ha visto obligado a mostrar su voluntad de retirar la polémica Ley y, de este modo, tranquilizar las iracundas hordas que ya preparaban sus armas en la web.
De alguna manera, este acontecimiento debe servirnos para reflexionar sobre la necesidad de acabar de una vez con este conformismo borreguil con el que contemplamos y validamos todo tipo de atropellos. Si se produjese semejante reacción ante los notables y constantes casos de corrupción política, de subidas indiscriminadas de impuestos, de impunidad para los delitos económicos, de leyes asombrosamente impopulares e injustas, de ferias circenses judiciales, de subyugación sindical, etc. es evidente que la inmunidad de los altos estamentos políticos y económicos se vería certeramente deteriorada. Acaso esta reacción sea el comienzo de una lucha por la justicia que, en la mirada pasiva de una población anestesiada, parece, cuando menos, anacrónica, temeraria y obsoleta.
Centrándome en el tema de la cultura, me veo obligado a recordar que la cultura no sólo abarca canciones, programas informáticos y libros. La cultura también es la manera de sentarnos, de usar un cubierto, de celebrar cualquier fiesta, de pasar nuestro tiempo de ocio, de regalar, de relacionarnos con nuestros familiares, etc. Es decir, por cultura entendemos , y sigo la definición clásica de Tylor (evitando entrar en la polémica que conlleva el término) el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y todo hábito y capacidad adquirido por el ser humano. Sería conveniente replantearse semejantes polémicas culturales relacionadas con los derechos de autoría a la luz de semejante definición, pues resulta evidente que el sistema capitalista (al igual que nuestra clase política) tiene una visión bastante restringida de la cultura (que viene a ser "cultura = discos de artistas (re-)conocidos"). Y no perdamos nunca de vista que el problema no es un problema de los derechos de los artistas, sino un problema económico. Creo que el Manifiesto recoge algo fundamental que, hasta el momento presente, nuestros representantes políticos han querido ignorar: la necesidad de que las industrias culturales (paradójica nomenclatura) busquen modelos alternativos y viables. Desde luego, la respuesta masiva a la nueva Ley significa, entre otras muchas cosas, que esa necesidad es cada vez más imperante.
Nadie duda de que l@s artistas tienen derecho a ser recompensad@s por sus obras. Pero el problema es mucho más complejo que eso, por no mencionar los desmesurados intereses económicos y políticos que en el bullicio de la polémica se desfiguran. La importancia del Manifiesto ya no reside en su contenido, sino en cómo ha sido capaz de despertar y de recoger el sentir de una sociedad lamentablemente ataráxica para toda movilización política.
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
